El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York Exige el Fin de la Detención Arbitraria de la Destacada Abogada Claudia González por el Gobierno Guatemalteco y Aboga por Mayor Protección Internacional para la Profesión Legal

[Traducción de la versión original en Inglés]

El 28 de agosto de 2023, la galardonada abogada Claudia González[1] fue arrestada y acusada de “abuso de poder” relacionado con un caso que litigó mientras era abogada representante en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (“CICIG”). En ese puesto, la Sra. González litigó un caso en contra de una magistrada de la Corte Suprema acusada de presionar a un juez que estaba a cargo de un caso de corrupción que involucraba al hijo de esa magistrada.

Al momento de su arresto, la Sra. González era una de las pocas abogadas en Guatemala con el valor suficiente para representar a abogados, jueces y fiscales (colectivamente “operadores de justicia”) que enfrentaban cargos criminales por investigar o juzgar casos de corrupción. Ella era la representante legal de al menos 16 de estos operadores de justicia, quienes actualmente se encuentran o bien encarcelados o en el exilio.

Los cargos contra la Sra. González estáñdise ados como una represalia por su trabajo en CICIG y su labor defendiendo a los operadores de justicia.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (“City Bar”)[2] insta a las autoridades guatemaltecas a garantizar un juicio justo y supervisado internacionalmente para Claudia González. El City Bar también hace un llamado al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (“UNWGAD”, por sus siglas en inglés) [3] para que colabore con entidades globales en la protección de la profesión legal e incluya a los profesionales del derecho que enfrentan detención arbitraria dentro del ámbito de sus clases protegidas.

Antecedentes

La CICIG fue un organismo internacional e independiente contra la corrupción creado por las Naciones Unidas a petición y en colaboración con el Gobierno de Guatemala. El mandato de la CICIG incluía realizar investigaciones independientes sobre la corrupción, actuar como un “querellante adhesivo” para apoyar o unirse al gobierno guatemalteco en denuncias penales sobre casos de corrupción, y recomendar la adopción de políticas públicas diseñadas para combatir la corrupción.[4] Bajo este mandato, la CICIG y el gobierno guatemalteco procesaron con éxito a funcionarios públicos, miembros de la Corte Suprema y del Congreso, y otros miembros del crimen organizado involucrados en actos corruptos.[5]

La Sra. González fue abogada de la CICIG hasta 2019. En esta capacidad, representó a la CICIG como parte conjunta con el Gobierno de Guatemala en una denuncia penal contra Blanca Stalling, una magistrada de la Corte Suprema acusada de presionar al juez Carlos Ruano[6] para que concediera la libertad al hijo de Stalling, quien estaba detenido por estar implicado en un caso de corrupción.[7]

En 2019, el presidente Jimmy Morales se negó a renovar el mandato de la CICIG. Antes y después de asumir el cargo, el presidente Morales apoyó el trabajo de la CICIG, pero más tarde se volvió crítico con la CICIG después de que esta presentara un caso de corrupción que involucraba a su hijo y a su hermano. Morales luego se distanció de la CICIG y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (“FECI”) y posteriormente denunció supuestos abusos cometidos por la CICIG.[8]

Tras la no renovación del mandato de la CICIG, exfuncionarios, incluida la Sra. González, han enfrentado persecución y procesos penales en represalia por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción.[9]

Antes de su detención, la Sra. González se centró en la defensa de estos ex funcionarios acusados de abusos de poder en relación con su labor de lucha contra la corrupción en Guatemala.[10] En el momento de su arresto, la Sra. González era representante de 16 operadores de justicia anticorrupción. Entre ellos:

• Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quien está en el exilio.
• Carlos Videz, exfiscal de la FECI, quien está en el exilio.
• Virginia Laparra, exfiscal de la FECI, quien está en prisión.[11]

El 28 de agosto de 2023, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la casa de Sra. González. Incautaron su computadora, teléfono celular y un dispositivo USB. Los abogados de la Sra. González afirmaron que la Fiscalía buscó incautar productos de trabajo y comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente.

Luego fue detenida y acusada de “abuso de poder” por su trabajo anterior en la CICIG. Abogados expertos han declarado que ni la Sra. González ni otros miembros de la CICIG ejerc an como funcionarios públicos durante su mandato en esta institución,[12] lo que significa que los abogados de la CICIG no pueden ser acusados del delito de “abuso de poder”, ya que dicho delito lo cometen exclusivamente los funcionarios públicos.[13]

La Fiscalía nunca informó a la Sra. González sobre los detalles de la investigación y le negó el acceso a las actas de expediente. El Tribunal también ordenó que el expediente de su detención e incluso los hechos por los que se le acusa se mantuvieran bajo reserva.[14]

El caso de la Sra. González está a cargo del juez Jimi Bremer,[15] a quien actualmente Estados Unidos designa como una persona involucrada en conductas que socavan procesos e instituciones democráticas al autorizar cargos penales políticamente motivados en Guatemala.[16] Fuentes afirman que el juez Bremer ha reservado el caso de la Sra. González y ordenó la exclusión del público de las audiencias para prevenir más publicidad.[17]

El juez Bremer intentó negar una audiencia oral inicial, proporcionando solo una notificación para ser firmada por la Sra. Gonzalez.[18] Después de las fuertes quejas de la Sra. González, el juez Bremer accedió a realizar la audiencia inicial pero la retrasó durante 26 días. Durante esos días, la audiencia se retrasó porque el juez Bremer declaró que no tenía tiempo para escuchar su caso. En otras ocasiones, se retrasó porque nadie de la Fiscalía asistió a la audiencia.[19]

La Sra. González solo fue informada de la base fáctica específica para los delitos imputados después de que un Tribunal de Apelaciones diera al juez Bremer un plazo de 48 horas para concluir la audiencia inicial. La fiscalía la acusó de “abuso de poder en el caso que litigó contra Stalling.[20] También se emitió una orden de arresto para el juez Carlos Ruano por denunciar el ataque de Stalling a su independencia judicial; y otros exabogados de la CICIG y la FECI involucrados en la investigación contra Stalling también enfrentan órdenes de arresto.[21]

La Sra. González fue luego trasladada al Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala, donde estuvo detenida durante 80 días.[22]

El 10 de noviembre de 2023, un Tribunal de Apelaciones confirmó la apelación de los abogados de la Sra. González y ordenó que fuera trasladada a arresto domiciliario en un plazo de 3 días; (no fue trasladada hasta seis días después).[23]

Este año, el Colegio de Abogados de la Ciudad emitió otras declaraciones relacionadas con Guatemala, incluida una declaración contra los esfuerzos de Guatemala para criminalizar la profesión legal en casos relacionados con la corrupción.[24] Dicha criminalización selectiva se ha utilizado como estrategia para asegurar la impunidad en casos de corrupción.[25]

Marco jurídico internacional y violaciones

La conducta de Guatemala hacia la Sra. González y otros miembros de la profesión legal viola al menos cuatro normas legales internacionales: (1) los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados; (2) la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos; (3) el derecho de los clientes de González a elegir a su propio abogado; y (4) las prohibiciones contra la detención arbitraria.

Primero, Guatemala no está protegiendo la independencia de la profesión legal. Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (los “Principios”) reconocen el derecho de los abogados a ejercer su profesión sin intimidación ni interferencia[26] y a no sufrir violaciones simplemente por representar a sus clientes.[27] La Sra. González fue arrestada en represalia por ejercer la profesión legal, primero como representante de la CICIG y luego por representar a operadores de justicia acusados penalmente. El gobierno la está castigando como una extensión de sus clientes que fueron acusados penalmente, en violación directa de los Principios.[28]

Segundo, Guatemala no está protegiendo a la Sra. González como defensora de los derechos humanos. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (“DHRD”), artículo 12, requiere que los Estados protejan a los defensores de derechos humanos contra cualquier acción arbitraria relacionada con el ejercicio legítimo de sus derechos.[29] Aquí, la Sra. González puede considerarse una defensora de derechos humanos, particularmente de operadores de justicia que han sido acusados penalmente. Los organismos internacionales han considerado en gran medida tal criminalización como una violación de los derechos humanos.[30] Arrestar a la Sra. González por defender los derechos humanos específicamente violó el artículo 12.

Tercero, Guatemala está negando a 16 operadores de justicia criminalizados su derecho a ser representados por un abogado mediante el arresto y la detención pretexto de la Sra. González. La violación de los Principios y la DHRD está inextricablemente vinculada con el derecho de aquellos acusados de un delito a ser representados por un abogado bajo el Artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos (el “Pacto”). Aquí, el arresto de la Sra. González interfiere con el derecho a un abogado de las 16 víctimas de violaciones de derechos humanos que ella representaba, infringiendo tanto la DHRD como el Pacto.

Cuarto, la Sra. González está siendo detenida arbitrariamente. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (UNWGAD) incluye el arresto domiciliario como una forma de detención que puede considerarse “arbitraria” [31] si cae en al menos una de cinco categorías, casi todas las cuales parecen haber sido violadas aquí:

1. Categoría I: “Cuando es claramente imposible invocar alguna base legal que justifique la privación de libertad (como cuando una persona se mantiene en detención después de completar su sentencia o a pesar de una ley de amnistía aplicable a ellos)”. Esta categoría invoca el derecho al debido proceso y la libertad de detención ilegal provista en el artículo 9 del Pacto. No es suficiente que una ley o práctica nacional autorice el arresto y la detención de un sospechoso; en cambio, las autoridades deben invocar una base legal consistente con los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, que la detención sea necesaria y razonable.[32] Aquí, el caso de la Sra. González parece carecer de una base legal para justificar una privación de libertad, ya que fue arrestada y detenida únicamente en su capacidad profesional como representante de la CICIG y luego como abogada representante de operadores de justicia.
2. Categor a II: “Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los art culos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en lo que respecta a los Estados parte, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. En esencia, esta categoría define la detención como arbitraria si resulta del ejercicio de los derechos a la libertad de opinión y expresión. En este caso, la opinión política de la Sra. González es un asunto de interés público porque denunciar la corrupción implica una creencia en un gobierno transparente, responsable y honesto. Todos los guatemaltecos tienen el derecho y la obligación de mantener tal opinión.[33] Represalias contra ella debido a sus esfuerzos anticorrupción, violan el derecho internacional que protege contra la discriminación basada en la opinión política bajo el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (UHDR).
3. Categor a III: “Cuando la observancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, expuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales relevantes aceptados por los Estados interesados, es de tal gravedad que da a la privación de libertad un carácter arbitrario”. En el caso presente, Guatemala no ha observado dos derechos principales. Primero, el Derecho a un Juicio Público: el UNWGAD ha declarado que, incluso en casos en que el juicio de una persona concierne a asuntos de seguridad nacional, los procedimientos no deben estar envueltos en secreto y opacidad donde no se proporciona información al público. Incluso en tales casos, los juicios deben parecer a un observador razonable ser imparciales.[34] Aquí, la investigación contra la Sra. González se ha mantenido bajo reserva. Además, el público ha sido excluido de las audiencias sin ninguna justificación razonable, lo que viola el derecho de la Sra. González a un juicio justo y público reconocido por los Artículos 9, 10 y 11 de la DUDH y el Artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la “Declaraci n Americana”).[35] Segundo, el Derecho a una Presentación Rápida: el UNWGAD ha declarado que el Artículo 14.3(a) del Pacto y el Artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”)[36] requieren que todos tengan el derecho a ser informados de manera rápida y detallada de la naturaleza y causa de la acusación en su contra. Aquí, la Sra. González fue arrestada y detenida durante más de 26 días sin una audiencia inicial ante un juez o cualquier justificación razonable para tal demora.
4. Categor a V:”Cuando la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por razones de discriminación basada en el nacimiento; origen nacional, étnico o social; idioma; religión; condición económica; opinión política u otra; género; orientación sexual; o discapacidad u otra circunstancia, y que tiene como objetivo o puede resultar en ignorar la igualdad de derechos humanos . El término “otra circunstancia” incluye el empleo o la profesión de un individuo.[37] En la Opinión 70/2021, el UNWGAD encontró que la detención arbitraria, los cargos criminales y las condenas en cuestión estaban directamente relacionadas con el empleo de dos individuos. En esa Opinión, el UNWGAD identificó la Categoría V como la base para encontrar la detención arbitraria bajo la clasificación de “otra circunstancia” de los individuos, como empleados. De manera similar, el arresto de la Sra. González se basa en su empleo como abogada litigante representante de la CICIG y operadores de justicia acusados de corrupción. El gobierno guatemalteco no la habría detenido y acusado arbitrariamente si ella no hubiese representado a la CICIG o a los otros operadores de justicias criminalizados. Además, las autoridades guatemaltecas están intentando aprovechar su detención arbitraria para disuadir a otros abogados de no representar a las personas que representan intereses en desacuerdo con el gobierno guatemalteco. En consecuencia, la detención de la Sra. González es discriminatoria bajo la clasificación de “otra circunstancia”, específicamente por ser abogada de la CICIG y de operadores de justicia criminalizados.

Actores relevantes en derechos humanos, incluido la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, han llegado a conclusiones similares, afirmando que “el caso de Claudia González parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos a jueces, fiscales y abogados que han trabajado en casos de corrupción o derechos humanos en Guatemala”.[38]

Fortalecimiento de las protecciones internacionales de la profesión legal

En la última década, el City Bar y otras organizaciones internacionales han documentado una tendencia creciente de los gobiernos a utilizar la detención arbitraria como estrategia contra los abogados que representan a clientes en grupos políticamente sensibles y marginados.[39] Sobre esto, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados ha declarado que, entre 2010 y 2020 “más de 2,500 abogados fueron asesinados, detenidos o secuestrados en diferentes regiones del mundo”.[40] Particularmente en Guatemala, más de 30 operadores de justicia y otros abogados han sido perseguidos por su trabajo en casos de corrupción.[41] Lamentablemente, esta tendencia está escalando a nivel mundial.[42]

El City Bar recomienda encarecidamente que el UNWGAD examine la situación de los abogados sujetos a detención arbitraria, como Claudia González, y emita una decisión que incluya y proteja a los miembros de la profesión legal como parte de la clasificación de otra circunstancia bajo la Categoría V del UNWGAD porque la privación de sus libertades se debe simplemente a su papel como defensores y tiene como objetivo o puede resultar en ignorar la igualdad de derechos humanos.

El Colegio de Abogados insta a las autoridades guatemaltecas a:

1. Liberar inmediatamente a la Sra. González sin restricciones.
2. Retirar todos los cargos contra la Sra. González y poner fin a todos los actos de hostigamiento en su contra.
3. En la medida en que el Estado continúe imputando cargos contra la Sra. González, el Gobierno de Guatemala debe asegurarse de que la Sra. González reciba un juicio justo de acuerdo con los estándares internacionales. Esto incluye la realización de un juicio público y permitir la presencia de observadores internacionales.
4. Garantizar que todos los abogados en Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades profesionales legítimas sin temor a represalias y libres de restricciones indebidas, incluyendo el hostigamiento judicial, la persecución penal, el arresto y la detención arbitrarios, la privación de libertad u otras sanciones arbitrarias.

El Colegio de Abogados hace un llamado a la comunidad internacional a:

1. Asegurar que el juicio de la Sra. González sea observado internacionalmente.

El Colegio de Abogados hace un llamado a los Procedimientos Especiales de la ONU a:

1. Colaborar con organismos globales para clasificar la profesión legal como una categoría protegida bajo “otra circunstancia” en la Categoría V del GTDA (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria), aplicando los criterios de su Opinión 70/2021.