Consejo de Abogados del Vance Center Convoca a la Comunidad Jurídica Mexicana a Participar Activamente en el Proceso Para Nombrar Un Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Si bien el proceso para la designación de las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México está encomendado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a la discreción del Ejecutivo Federal y del Senado de la República, el proceso debe seguir los estándares internacionales y regionales relevantes, según un informe del Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos) del Vance Center for International Justice. El documento “Consideraciones para el proceso de renovación de una vacante de Suprema Corte de Justicia de la Nación de México“, disponible en español, delinea estos estándares para la selección de integrantes de la judicatura, describe experiencias similares en otros países de la región y hace recomendaciones para fortalecer la proceso.

En diciembre de 2021, el Ministro José Fernando Franco González Salas concluirá su mandato de 15 años en la Suprema Corte. La importancia de la Corte como el máximo órgano de legalidad y tribunal constitucional en México hace de este un acontecimiento significativo para el Estado de Derecho en el país. La Suprema Corte decide asuntos de importancia nacional, definiendo el contenido y alcance de los derechos humanos, y el equilibrio entre poderes y los diferentes niveles de gobierno. También es relevante para el clima empresarial en el país. Según S. Todd Crider, socio de la firma Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York y miembro del Lawyers Council, “un buen clima de negocios dependerá de la certeza jurídica derivada de un poder judicial fuerte con jueces independientes, que sea capaz de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y económicos”.

Como parte del proceso constitucional de renovación de un asiento de la Suprema Corte, el Presidente propondrá al Senado una terna. Luego de un proceso de revisión y audiencias públicas, el Senado nombrará a una persona para suceder al Ministro Franco. El documento del Lawyers Council analiza cada una de las etapas del proceso y ofrece recomendaciones, basadas en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en la experiencia comparada para fortalecer el proceso siguiendo estándares de transparencia y participación de la sociedad civil.

Según Antonia Stolper, Vicepresidenta para América Latina del Comité del Vance Center, integrante del Lawyers Council y destacada abogada internacional, “llevar a cabo un proceso abierto y robusto que considere a los y las abogadas con los mejores perfiles para la terna, y que permita a la comunidad jurídica y a la sociedad participar en el mismo, dará legitimidad al proceso y a la Corte”.

En el informe, el Lawyers Council hace un llamado a la comunidad jurídica mexicana a participar activamente en este proceso:

• Es fundamental que los Colegios de Abogados y otras redes de profesionales del derecho realicen un análisis y revisión de los perfiles propuestos en la terna y provean evaluaciones sustantivas, previo a pronunciamientos de apoyo.
• La comunidad jurídica debe impulsar que la Comisión de Justicia del Senado de la Republica se haga llegar de elementos adicionales para el análisis y evaluación de los perfiles, y que lleve a cabo un proceso abierto y transparente que permita la participación de la comunidad jurídica.
• La comunidad jurídica puede considerar organizar sus propios intercambios y conversaciones con las personas propuestas en la terna que permitan aportar elementos adicionales a la discusión.

El Lawyers Council for Civil and Economic Rights reúne a profesionales de derecho de la práctica privada en las Américas para combatir la corrupción, apoyar el estado de derecho y el trabajo de la sociedad civil. El Consejo de Abogados está compuesto por 18 abogadas y abogados de 14 países, distinguidos en la práctica legal privada a nivel nacional y regional, con un compromiso cívico demostrado. El Lawyers Council es administrado por el Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

Lea la llamada a la acción y el documento completo aquí: https://bit.ly/LCSCJNMEXW

Sobre el Vance Center for International Justice
El Vance Center for International Justice promueve la justicia global mediante la participación de profesionales del derecho alrededor del mundo para apoyar a la sociedad civil y a una profesión legal éticamente activa. Es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que reúne a los principales estudios jurídicos y a otros colaboradores en todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita a organizaciones de sociedad civil que luchan por la justicia social. www.vancecenter.org

Sobre el Colegio
La misión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, fundado en 1870 y con 25,000 miembros, es equipar y movilizar una profesión legal diversa para ejercer con excelencia, promover la reforma de la ley y defender el Estado de derecho y el acceso a la justicia en apoyo de una sociedad justa y el interés público en nuestra comunidad, nuestra nación y en todo el mundo. www.nycbar.org