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Reporte del Colegio de Abogados de Nueva York sobre la Segunda Delegación a Guatemala tras el juicio por genocidio

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Reporte del Colegio de Abogados de Nueva York sobre la Segunda Delegación a Guatemala tras el juicio por genocidio.

Nueva York, 6 de Octubre de 2014 – El Colegio de Abogados de Nueva York ha emitido un reporte sobre la segunda delegación de abogados que viajaron a  Guatemala con el objetivo de realizar una evaluación de los avances en materia legal a partir de las repercusiones que tuvo el proceso penal seguido contra Efraín Ríos Montt, ex presidente de Guatemala; y de analizar el proceso de selección de nuevos jueces para integrar los tribunales,  y su impacto en el fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala.

Al igual que la Delegación del 2013, la Delegación de Julio del 2014, fue organizada por el Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional, con el apoyo logístico de la Fundación Myrna Mack. La delegación se reunió con una amplia gama de participantes interesados en  el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, incluyendo muchas de las personas con las que se había reunido la delegación anterior. Entre otros, con el Magistrado Titular de la Corte Constitucional de Guatemala, la jueza  presidente y los demás miembros del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo que condujeron el juicio contra Ríos-Montt y el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala.

La Delegación fue cautelosa de no involucrarse demasiado en los detalles de la administración de justicia y del sistema legal en Guatemala, por sus propias limitaciones y para  poder desempeñar su papel apropiadamente.  Sin embargo, con sus observaciones pretende transmitir su preocupación ante lo que considera una crisis del Poder Judicial guatemalteco que debilita la vigencia del Estado de Derecho en el país y, por ello, invitan al compromiso de colegas y vecinos con este tema¨, señala el informe.

El caso Ríos Montt también proporciona ejemplos de otras características del proceso judicial guatemalteco que los participantes objetaron con frecuencia,  continúa el informe. Éstas incluyen las calificaciones, la capacitación de los jueces; el sistema de asignación de casos; la divulgación de esfuerzos destinados a influir en el criterio de los jueces por medio de sobornos o amenazas; y el uso excesivo del amparo. La Delegación pudo apreciar “una opinión generalizada de que el Poder Judicial carece de respeto, autoridad y de una organización eficiente” pero también la resignación general de que el cambio es imposible, a pesar de los recientes avances en el estado de derecho, ejemplificados parcialmente en el caso Montt Ríos.

La Delegación identificó un consenso en Guatemala por mejorar el nivel profesionalismo del Poder Judicial; un objetivo que parece apropiado e incluso urgente, según las observaciones de la Delegación actual y de la previa. El caso Ríos-Montt y sus secuelas dirigieron la atención internacional al sistema judicial guatemalteco y los observadores generalmente expresaron perplejidad y preocupación por ciertos aspectos del caso mencionado y varios hechos posteriores, en particular la reversión de decisiones de fondo por razones de procedimiento.
Sin embargo, la Delegación no observó que la atención internacional obtenida se tradujera en un esfuerzo coordinado entre los funcionarios electos, los abogados y la comunidad empresarial hacia una reforma. “Este esfuerzo parece oportuno y esencial para que Guatemala pueda presentarse a sí mismo como un país que busca fortalecer el Estado de Derecho y participar con más éxito en los negocios internacionales.” En opinión de la Delegación, el compromiso hacia la reforma debe incluir los siguientes aspectos: la calificación judicial, selección de jueces y otros funcionarios, la formación y apoyo a la función judicial, la protección judicial, los sistemas disciplinarios, , la asignación de casos entre los jueces y la revisión de las decisiones judiciales..

El informe ofrece recomendaciones para la modificación del proceso de selección de jueces y sugiere “crear una base sólida fundada en  el ideal común de desarrollar en los próximos años un Poder Judicial competente, autónomo e independiente “. Algunas recomendaciones fueron las siguientes:

• Revisión de términos y plazos.. Muchos participantes consideraron que el período de 5 años en el cargo para los jueces es muy corto. En primer lugar, porque representa un gran desafío realizar con esa frecuencia todo el proceso de designación. Por otra parte, al tratarse de un proceso político, debilita el sentido de independencia de los jueces. Adicionalmente, el nombramiento simultáneo de todos los jueces de tribunales de alta jerarquía pone en riesgo la viabilidad y eficiencia de cualquier proceso de selección.

• Re-constituir las comisiones. El tamaño y la composición de las comisiones encargadas de nombrar a los jueces es difícil de manejar y no es compatible con el objetivo de una amplia representación. La reforma a esta institución parece esencial e inevitable.

• Establecimiento de criterios de selección y fundamentos. Hay un aparente consenso en que los requisitos para ingresar al Poder Judicial tienen que estar pensados para atraer una adecuada cantidad de candidatos interesados y apropiados. Estas calificaciones deben reflejar las altas expectativas en cuanto a experiencia y profesionalismo que deben satisfacer los postulantes. Por otra parte, podría resultar útil que las comisiones lleven a cabo verificaciones de antecedentes de acuerdo a criterios específicos.

La Delegación reconoce que los esfuerzos de reforma deben abarcar cuestiones y consideraciones adicionales, así como la participación de representantes de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. “Tal compromiso podría dar lugar a una revisión significativa de la Constitución y los órganos de gobierno”, señala el informe.

Durante la visita de tres días, la delegación también se reunió con el Representante en Guatemala  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Director Regional de la Comisión Internacional de Juristas, el Presidente y los Miembros del Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados de Guatemala y el decano de la Universidad de San Carlos.

La delegación estuvo integrada por Hunter T. Carter (Estados Unidos), socio de Arent Fox, miembro del Comité del Vance Center y ex presidente del Comité de Asuntos Interamericanos de la barra de Abogados de Nueva York; Francisco Cox (Chile), socio de Balmaceda y Cox; Robert Cusumano (Estados Unidos), Director Ejecutivo de la Fundación Horizontes Jurídicos, ex consejero general del Grupo ACE de las Compañías de Seguros, y miembro del Comité del Vance Center; Mirna Goransky (Argentina), Fiscal General Adjunta de la Procuración General de la Nación Argentina (de licencia) y consultora del Vance Center para la Delegación; Clara Elena Reales, (Colombia), Directora Jurídica de la Asociación Colombiana de Pensiones y Cesantías Administradoras de Fondos; Carlos Rosenkrantz, (Argentina), socio de Bouzat, Rosenkrant & Cia y presidente de la Universidad de San Andrés; y José Ugaz (Perú), socio de Benítes, Forno y Ugaz. Carter, Cusumano y Ugaz también formaron parte de la delegación de 2013.

El informe completo puede leerse aquí: http://bit.ly/1s7Gm3W